La decisión de Andalucía de dejar de aceptar residuos de fibrocemento procedentes de otras comunidades ha encendido las alarmas en Canarias, donde la gestión del amianto y la retirada de uralita se ha convertido en un desafío urgente. Las autoridades insulares buscan contrarreloj un espacio donde depositar estos residuos para evitar que actividades como la fontanería o la instalación de placas solares se paralicen.
La Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular (7/2022) permite a las comunidades autónomas decidir si siguen recibiendo residuos generados en otros territorios. Andalucía ha optado por cerrar esta posibilidad, una medida que también han adoptado regiones como Cataluña. Esta decisión afecta directamente a la gestión del amianto, un material muy presente en antiguas infraestructuras y en cubiertas de uralita, cuya retirada se ha intensificado en los últimos años.
El cierre llega además en un momento clave, ya que la normativa establece que en 2028 deberán haberse retirado los elementos públicos con mayor riesgo que contengan amianto, lo que obliga a acelerar la retirada de uralita en edificios, colectores de aguas residuales y otras infraestructuras.
Crece la retirada de amianto
La proximidad de ese plazo ha provocado un fuerte aumento de trabajos relacionados con la retirada de uralita y la eliminación de amianto en Canarias. Según la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno autonómico, en 2022 salieron del archipiélago 1.058 toneladas de amianto, mientras que en 2023 se alcanzaron 1.079 toneladas. La cifra se disparó en 2024 hasta las 4.145 toneladas, reflejo del crecimiento de las obras de retirada de uralita en viviendas, naves industriales y redes de saneamiento.
Los datos del último ejercicio aún no están cerrados, ya que las cuatro empresas gestoras de residuos que operan en Canarias tienen hasta el final del primer trimestre para presentar sus informes. Sin embargo, una de las principales compañías del sector ya ha gestionado alrededor de 7.600 toneladas de amianto, procedentes en gran parte de proyectos de retirada de uralita en edificios antiguos.
Incertidumbre ante el cierre
La tendencia apunta a que la cantidad de amianto retirado seguirá aumentando durante este año, especialmente debido a las obras de retirada de uralita vinculadas a la rehabilitación energética de edificios y a la instalación de paneles solares.
Eduardo Rivera, técnico especializado en la gestión de residuos y asesor de la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa), advierte de que el margen de tiempo es cada vez menor. Según explica, muchos gestores dejarán de recoger amianto a finales de este mes ante la falta de un destino claro para estos residuos procedentes de la retirada de uralita.
El cierre definitivo en Andalucía está previsto para el 30 de abril. No obstante, enviar contenedores con amianto cerca de esa fecha supone un riesgo logístico. Si un barco sufre retrasos o un puerto se cierra por mal tiempo, el material podría ser devuelto a Canarias, generando un problema grave para las empresas dedicadas a la retirada de uralita.
La preocupación en el sector es evidente: cuando una tubería de fibrocemento se rompa o cuando se tenga que retirar una cubierta de uralita para instalar placas fotovoltaicas, la gestión del amianto podría quedar bloqueada.
Almacenamiento temporal
El amianto no representa un peligro inmediato mientras permanece intacto. Sin embargo, cuando el material envejece y se rompe, libera fibras que pueden resultar peligrosas para la salud. Por ello, la retirada de uralita debe realizarse siguiendo estrictos protocolos de seguridad.
Hasta ahora, el procedimiento consistía en entregar el amianto retirado a gestores autorizados que lo almacenaban en contenedores sellados durante un máximo de seis meses. Cuando los depósitos se llenaban, el material procedente de la retirada de uralita se trasladaba a vertederos especializados en Andalucía.
Desde hace aproximadamente año y medio, el Gobierno de Canarias trabaja en encontrar una alternativa para gestionar el amianto generado por la creciente retirada de uralita en el archipiélago.
El director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, explica que negociar una prórroga con Andalucía no es una opción viable, ya que la normativa pretende evitar que esa comunidad se convierta en el destino final de residuos de amianto procedentes de toda Europa. Tampoco han prosperado los intentos del sector privado de enviar residuos derivados de la retirada de uralita a otros países.
Búsqueda de soluciones en Canarias
Aunque existen vertederos en otros territorios capaces de recibir amianto, su uso encarece notablemente el proceso. Además, su capacidad es limitada y podría agotarse rápidamente debido al aumento de trabajos de retirada de uralita en toda Europa.
La tendencia impulsada por la Unión Europea es que cada territorio gestione su propio amianto y los residuos generados por la retirada de uralita, evitando traslados a larga distancia.
Por ello, el Gobierno de Canarias está explorando varias soluciones. Una de ellas consiste en ampliar el tiempo máximo que el amianto puede permanecer almacenado en las instalaciones de los gestores autorizados mientras se define un destino definitivo para los residuos procedentes de la retirada de uralita.
Al mismo tiempo, se buscan espacios dentro del archipiélago donde poder enterrar de forma segura el amianto generado por las obras de retirada de uralita. Para ello, el director general de Calidad Ambiental tiene previsto reunirse con los siete cabildos insulares.
El objetivo es aprovechar instalaciones existentes, aunque el alto nivel de ocupación de los complejos ambientales dificulta habilitar nuevas áreas destinadas a este tipo de residuos.
Riesgos si no hay solución
La falta de un lugar donde depositar el amianto podría tener consecuencias importantes. Entre ellas, el aumento de vertidos ilegales de materiales procedentes de la retirada de uralita.
Las fibras de amianto liberadas al romperse estos materiales pueden permanecer durante décadas en los pulmones tras ser inhaladas. Además, el deterioro de tuberías o cubiertas de uralita que no puedan ser sustituidas podría provocar la dispersión del material en el medio ambiente e incluso afectar a acuíferos.
Por ello, el sector insiste en la necesidad de encontrar cuanto antes una solución que permita continuar con la retirada de uralita y la gestión segura del amianto sin frenar obras clave para la renovación de infraestructuras y la transición energética.
