Las intensas granizadas registradas en las últimas semanas han vuelto a poner sobre la mesa un problema latente: la enorme cantidad de cubiertas de naves agropecuarias, viviendas, fábricas y construcciones auxiliares que aún contienen fibrocemento con amianto. Este material, prohibido en España desde 2002 por su peligrosidad, sigue presente en tejados, depósitos, tuberías, bajantes y canalones, constituyendo una seria amenaza tanto para la salud pública como para el medio ambiente.
Los destrozos provocados por el pedrisco han dejado al descubierto la fragilidad de las viejas placas de uralita, que contienen amianto blanco, y han acelerado la urgencia de su eliminación. Los especialistas advierten de que ocultar estas cubiertas bajo otros materiales no es una solución segura y subrayan que la única vía eficaz es la retirada completa del amianto.
La manipulación de este residuo cancerígeno requiere protocolos estrictos: antes de desmontar cualquier estructura, se necesita un plan aprobado por la Junta de Castilla y León y la Inspección de Trabajo. Solo las empresas registradas en el RERA —el listado oficial de compañías de desamiantado creado en 2006— pueden ejecutar estas tareas. En Burgos, el número de firmas autorizadas se ha multiplicado por cinco desde su inicio, reflejando la magnitud del desafío.
En el último año y medio, se han gestionado cerca de 130.000 metros cuadrados de cubiertas con amianto, lo que equivale a unas 2.000 toneladas de material. Esa cantidad supone el tamaño de unos veinte campos de fútbol y confirma que, aunque el proceso es lento, el avance es constante. Cada retirada contribuye a reducir el riesgo de exposición a las fibras de amianto, que al liberarse pueden causar graves enfermedades respiratorias, como asbestosis, mesotelioma maligno o cáncer de pulmón.
Durante las labores de retirada, los operarios deben utilizar trajes protectores, mascarillas y calzas, además de embalar las piezas de fibrocemento en sacas homologadas y señalizadas antes de enviarlas al vertedero autorizado en Santovenia de Pisuerga (Valladolid). Sin embargo, la complejidad y el alto coste de este proceso ha favorecido la proliferación de vertidos ilegales y de supuestas “empresas pirata” que falsifican documentación, dejando a menudo los restos de amianto abandonados en fincas privadas o suelos públicos, con el consiguiente coste para los ayuntamientos.
La Ley 7/2022 obliga a los consistorios a elaborar un inventario de instalaciones con amianto y un calendario para su retirada, con plazo máximo hasta 2028 para los puntos de mayor riesgo. En Burgos capital, este censo aún no está disponible, lo que retrasa la planificación.
Como medida de impulso, la Junta de Castilla y León puso en marcha en 2022 una línea de subvenciones que puede llegar a cubrir hasta 10 euros por metro cuadrado de tejado con amianto retirado, con un máximo de 30.000 euros por centro de trabajo. Esta ayuda, que también financia la instalación de nuevas cubiertas más seguras, ha disparado la actividad de retirada tanto en Burgos como en Salamanca en los últimos meses.
En definitiva, aunque se han logrado avances notables, la realidad es que en la provincia de Burgos todavía persisten miles de metros cuadrados de uralita y elementos de construcción con amianto, cuyo desmantelamiento será clave para garantizar un futuro más seguro y libre de este material tóxico.
