Solo cinco municipios han cumplido con la obligación de enviar su censo de amianto, mientras 247 ayuntamientos vascos continúan sin remitir la información exigida por la ley.
Tres años después de la aprobación de la ley del amianto, el Gobierno vasco reconoce que todavía no dispone de un registro oficial con los censos municipales de instalaciones con presencia de amianto. Esta falta de información impide conocer el alcance real del amianto en edificios públicos, viviendas y otras infraestructuras de Euskadi, así como los calendarios previstos para su retirada segura.
El Departamento de Industria, Transición Energética y Medio Ambiente, encabezado por Mikel Jauregi, admite en una respuesta parlamentaria que no sabe cuántos ayuntamientos han enviado sus censos de amianto ni si los municipios están cumpliendo con la ley. El consejero remite a una reunión de la Mesa Interdepartamental del Amianto, prevista para el 19 de noviembre, donde se espera recopilar más información y coordinar las acciones pendientes.
En la actualidad, solo cinco ayuntamientos vascos —Errigoiti, Olaberria, Ayala, Legazpi y Beasain— han completado sus censos de amianto y los han remitido al Ejecutivo autonómico. Esto deja a 247 municipios en situación de incumplimiento, pese a que la normativa obliga a elaborar y enviar estos censos a las autoridades competentes. La retirada del amianto sigue siendo un desafío urgente, ya que el material continúa presente en múltiples instalaciones.
El año pasado, el Gobierno informó que 31 municipios solicitaron ayudas para realizar actuaciones vinculadas al amianto, pero no consta que los censos resultantes se hayan registrado oficialmente. La Ley 7/2022 establece que las autoridades autonómicas deben supervisar la eliminación del amianto, priorizando los espacios públicos con mayor riesgo y marcando 2028 como fecha límite para su completa gestión. Sin embargo, la falta de registros actualizados y de control municipal hace cada vez más difícil alcanzar ese objetivo.
El amianto, prohibido por su alta toxicidad y relación con graves enfermedades respiratorias, sigue siendo un problema ambiental y sanitario en Euskadi. La ausencia de datos oficiales sobre su ubicación y retirada impide avanzar con eficacia hacia su eliminación definitiva.
